La Ley 27.401, cuya entrada en vigencia data de marzo de 2018, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (sociedades, cooperativas, fundaciones, mutuales, etc.) por la cual las Pymes, al igual que las grandes empresas, pueden ser involucradas e imputadas por delitos de corrupción.

La norma extiende además la responsabilidad a un tercero que utilice el nombre de la Pyme u organización para por ejemplo, enriquecerse ilícitamente o ejercer un soborno, en la medida que la empresa afectada no cuente con un programa de integridad adecuado a la ley, y destinado a prevenir en su entorno y sus operaciones, hechos de corrupción.

A diferencia de las grandes empresas, no todas las Pymes cuentan con recursos para la creación de un programa de integridad y dado que éste será la principal herramienta de defensa ante una investigación judicial o administrativa, no sólo debe contemplarse su elaboración sino que además, el programa deberá ser efectivo en materia de transparencia para identificar, prevenir y dar respuesta a cualquier perjuicio.

En ese sentido y orientada específicamente a las Pymes, desde FECOBA recordamos a nuestras entidades adheridas que en noviembre pasado fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 36/2019 junto al anexo Guía para la Implementación de Programas de Integridad, que apunta a evitar incumplimientos en materia de “compliance” que afecten el principal activo de la empresa, es decir su reputación, y posteriormente como consecuencia directa, su valor de mercado.

El término “Compliance” remite a un conjunto de procedimientos y buenas prácticas útiles para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las empresas, estableciendo mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción ante los mismos.

Ciudad de Buenos Aires, 04 de diciembre de 2019.