Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) compartimos con nuestras entidades asociadas el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, un informe anual que publica la organización no gubernamental Transparencia Internacional con el objetivo de exponer los niveles de corrupción en las instituciones públicas de todo el mundo, develando el accionar del crimen organizado y alertando sobre el peligro de su influencia sobre el poder político y judicial. Estas redes criminales perjudican el progreso de los países, debilitan los sistemas democráticos y retrasan todo avance alcanzado en materia de derechos humanos. 

Cada vez son más los organismos y las instituciones que abordan, a nivel global, el conflicto de la corrupción y los graves perjuicios de este fenómeno en el mundo.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define la corrupción como un fenómeno mundial que genera pobreza, obstaculiza el desarrollo y aleja las inversiones, debilitando los sistemas judiciales y políticos que deberían estar al servicio del bien público, y generando desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los funcionarios y las instituciones oficiales.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),alertaba antes de la pandemia sobre el avance dela corrupción en América Latina, señalándola como una de las principales preocupaciones de la población, tanto por su incidencia cotidiana como por sus consecuencias económicas y políticas. 

En su Reporte de Economía y Desarrollo (RED2019) el CAF revelaba que para el 51% de los latinoamericanos la corrupción es el principal problema (por encima de las condiciones económicas, el acceso a la vivienda y a servicios o la inseguridad). “Existen razones de peso que justifican esa preocupación. La corrupción disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, a la vez que limita el crecimiento económico. Pero quizás más importantes sean las consecuencias sobre las instituciones de gobierno: cuando los ciudadanos sienten que la corrupción es generalizada, se deteriora confianza en la democracia.”

En tal sentido, la entidad financiera sugería establecer una agenda anticorrupción efectiva en América Latina que contemple acciones en cuatros ámbitos:

• Mejorar los mecanismos de regulación y control de la función pública combinando reglas ex ante que limiten las atribuciones y discrecionalidad de los funcionarios (qué decisiones pueden tomar y cómo), y controles ex post que fiscalicen esas decisiones y acciones una vez que han sido ejecutadas. 

• Mejorar los mecanismos de entrada a la política y a cargos de funcionarios públicos, lo que implica la selección de profesionales capaces con baja tolerancia a la corrupción y ajenos a relaciones clientelares o intereses particulares para garantizar independencia en el ejercicio de los cargos y un sistema de contrapesos efectivo en el Estado. 

• Dar participación al ciudadano para que monitoree activamente la acción de los funcionarios y promueva la rendición de cuentas. Un requisito indispensable es la hacer que la información sea accesible mediante leyes de acceso a la información y de gobierno abierto. 

• Mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado diseñando leyes que penalicen a las personas jurídicas involucradas en el pago y ofrecimiento de sobornos, regular los conflictos de interés y actividades de lobby y, en la contratación de obra pública o iniciativas de APP, reforzar las capacidades de las entidades contratantes para evitar que contratos inadecuados se traduzcan en costosas renegociaciones en la etapa posterior a la licitación.

Días atrás, se publicó el IPC de Transparencia Internacional y el informe reveló que, por cuarto año consecutivo, las naciones que conforman las Américas tienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el ranking. Este resultado pone en evidencia la necesidad de implementar medidas contundentes y efectivas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas del continente.

Desde el año 2016, de los 32 países que integran las Américas, 27 se han mantenido estancados en el IPC sin mostrar avances en términos de lucha contra la corrupción.

El informe revela que Chile y Costa Rica, dos países que tradicionalmente han tenido buen desempeño en el IPC dentro de América Latina, hace años no dan prioridad a la lucha contra la corrupción. “Chile se ha mantenido durante años en el mismo puesto pese al aumento del crimen organizado y a la necesidad de combatir la corrupción para reducir la inseguridad”. Por su parte, Costa Rica descendió cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando así su puntuación más baja. Sin embargo, tanto Chile como Costa Rica cuentan con instituciones democráticas sólidas y oportunidades para revertir esa tendencia, indica el informe. 

“En América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad. Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía. En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. En Honduras, Guatemala y Perú, hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos”. 

“Las redes criminales y su influencia en el poder político afectan especialmente a los grupos más marginados de la sociedad, y se manifiesta también en la destrucción de los recursos naturales. En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual, cuando funcionarios públicos les exigen actos sexuales a cambio de servicios tales como emitir pasaportes o permitir el cruce de controles fronterizos. Por otra parte, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación.”

En 2021, los países de América Latina registraron el número más alto de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia alcanzó el mayor porcentaje de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido por 42 en México y 27 en Brasil. A menudo, según el IPC 2022, los homicidios de defensores ambientales y activistas que luchan contra la corrupción quedan impunes, dada la infiltración de las redes corruptas y criminales en los gobiernos y en el sistema judicial.  

Según el IPC, en Estados Unidos hay indicios de mejoras tras varios años en que las normas democráticas y las leyes contra la corrupción estaban en riesgo. Se aprobaron iniciativas a favor de la democracia y se implementaron medidas para ampliar el acceso al voto. Esto aportó mayor transparencia al gasto electoral y amplió las opciones para los votantes. También se adoptaron medidas de rendición de cuentas significativas y adecuadas luego del ataque en enero de 2021 al Capitolio de EE.UU y se incrementaron los fondos destinados al combate de la corrupción en el extranjero y transnacional.

En el Caribe, tras aplicar medidas que fortalecieron la independencia de los órganos de justicia y supervisión, la República Dominicana ha aumentado cuatro puntos en el IPC durante los dos últimos años. 

Guyana ascendió en el IPC los últimos 12 años, pero su puntuación se ha estancado en el último periodo. “Esta nación, con abundantes recursos petroleros, debe enfocar más sus esfuerzos en construir un sistema democrático eficiente e implementar mayores niveles de transparencia y supervisión, sobre todo en torno a las industrias extractivas. La corrupción en este sector implica la pérdida de miles de millones de dólares, que podrían usarse para mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo en uno de los países con mayores niveles de pobreza del hemisferio”.

Perú, que atravesó seis cambios de gobierno en seis años, hoy tiene cinco ex presidentes investigados y sufre de altos índices de violencia. Esa inestabilidad en gran medida, es impulsada por las redes criminales que corrompen los sistemas. “Las reformas adoptadas en los últimos años, tales como la modernización del servicio público, la mejora del régimen de integridad pública y una mayor autonomía de la autoridad de transparencia, han sido postergadas o presentado resistencias. También es necesario que haya un progreso más efectivo en casos emblemáticos de corrupción, y que éstos se conduzcan respetando todas las garantías legales.”

Por tercer año consecutivo, México no ha podido mejorar su puntuación en el IPC. Tras cuatro años de gobierno del presidente López Obrador (AMLO), aún no hay condenas contra funcionarios públicos de alto rango o ejecutivos del sector privado por casos de corrupción, algunos de las cuales implican a integrantes de su red política. 

“En el Caribe, el narcotráfico ha sacado provecho de la fragilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, los altos niveles de corrupción y la ausencia de controles adecuados en las líneas costeras. Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2019, el 50 % de las personas en Jamaica (44) consideran que la policía es corrupta, mientras que en Trinidad y Tobago esa proporción asciende al 61 %. En Jamaica, si bien hay falta de confianza en la policía nacional, hay oportunidades de avanzar en la dirección correcta dado que el 62 % de los jamaiquinos manifiesta estar dispuesto a trabajar con la policía en proyectos comunitarios.”

Panamá sigue en una posición estancada; descendió dos puntos en el Índice desde 2012 y no logra mejorar su puntuación desde 2021, debido a deficiencia para combatir la corrupción y poner fin a la impunidad, sobre todo en los casos de corrupción a gran escala. 

En el ranking, los países que obtuvieron los peores resultados son Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde las elites y el crimen organizado prácticamente han tomado el poder de las instituciones estatales. En ese escenario con altos niveles de corrupción, la violencia y la vulneración de derechos afectan profundamente a los grupos marginados e impulsan masivos movimientos migratorios a otros países de la región. “En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales.”

El IPC señala los casos de Brasil y Colombia como países a observar. En los últimos cuatro años, Brasil experimentó el desmantelamiento de sus marcos legales e institucionales contra la corrupción, cuya construcción había llevado décadas. “Jair Bolsonaro, ministros de su gabinete, aliados y familiares fueron objeto de investigaciones por corrupción y su gobierno armó el mayor esquema de corrupción institucionalizada de Brasil: el presupuesto secreto. Por medio de esta estrategia, miles de millones de reales se utilizaron para favorecer a aliados políticos, con un grave impacto para las áreas de salud, educación y las políticas de infraestructura.”

En Colombia, la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022 ha generado expectativas de cambio, pero el país no ha mejorado su puntuación en el IPC 2022. Las protestas masivas que tuvieron lugar en el país entre 2019 y 2021 fueron desencadenadas por los altos niveles de corrupción y la creciente desigualdad social. “Colombia precisa más transparencia en su sistema político, un mayor control sobre los mecanismos discrecionales de contratación pública, más independencia en los órganos de control y en el sistema judicial y más protección para los denunciantes de corrupción.”

La Argentina, finalmente, obtuvo el mismo puntaje que el año anterior en el Índice de Percepción de la Corrupción, quedó en el puesto 94 con 38 puntos entre 180 países, por debajo del promedio mundial. Lo llamativo, es que aunque nuestro país subió 2 puestos en el ranking total respecto de 2021, esa aparente mejora no se debe a ningún avance en materia de políticas nacionales concretas, sino al deterioro que han sufrido otros países que integran el análisis en términos de corrupción e inestabilidad institucional.

En tal sentido, eldirector de la ONG Poder Ciudadano, Pablo Secchi, señaló que “Argentina se mantiene con un muy alto nivel de percepción de corrupción hace años y eso no va a cambiar si no se hace algo al respecto. Desde 2016, cuando se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, nuestro país no volvió a discutir en el Congreso ninguna normativa que tenga que ver con la transparencia o la lucha contra la corrupción”. “Las instituciones de control siguen algunas con poca independencia y otras con actividades muy politizadas. Si no tenés buenas leyes o no cumplís con las leyes que tenés, y las instituciones no tienen la independencia que deben tener, el país continuará con los mismos niveles de corrupción”.

Específicamente sobre el IPC, Secchi señala que “esun índice muy consultado por inversores y organismos internacionales y, lamentablemente, en el informe Argentina se sigue percibiendo como un país corrupto.” A lo que agregó que “cuando alguien tiene que invertir, decide invertir en países en los cuales las reglas son claras y este índice muestra no sólo que en Argentina la calidad institucional es mala, sino que la calidad de vida de los ciudadanos termina siendo afectada por la corrupción”.

Por su parte, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, señaló que “la corrupción hizo de nuestro mundo un lugar más peligroso. Debido a que los gobiernos fallaron en hacer progresos contra ella, alimentaron el actual aumento de la violencia y el conflicto poniendo en peligro a las personas en todos lados. La única forma de solucionar esto es que los Estados hagan el trabajo difícil, erradicando la corrupción en todos los niveles para asegurar que el gobierno trabaje para todo el pueblo y no solo para una pequeña elite”. 

En 2022, el Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA) publicaba también un Indicador de Corrupción que sintetiza, a través de un análisis factorial, información que sobre el fenómeno de la corrupción suministran el Banco Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Fundación Heritage, Freedom House y Fundación Bertelsmann. 

También, la corrupción genera preocupación en el ámbito empresarial y es por ello que las compañías buscan avanzar en sus protocolos internos adecuando medidas que posibiliten cumplir las leyes, políticas y reglamentos de su actividad. 

En Argentina, de acuerdo a la nota publicada en Infobae en septiembre de 2022, seis de cada 10 empresas ya han puesto en práctica medidas internas contra la corrupción. “Los programas de compliance están instalados y se van fortaleciendo: la cultura de cumplimiento de cada empresa va generando su propia dinámica y van impregnando en las personas que conforman las compañías. Por eso, la elección de la gente adecuada es la mejor decisión que se puede tomar para fortalecer la estrategia de cumplimiento.”

En la nota de Infobae el jefe de Unidad Anti-Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, David Last, hace referencia a la relación con las autoridades de América latina y del resto del mundo. “En nuestras últimas resoluciones queda clara la importancia del intercambio y la coordinación con las oficinas del extranjero. Todos los días sumamos países que quieren cooperar en materia anticorrupción. La cooperación es inspiradora y una de las principales herramientas que tenemos para combatir este tipo de delitos. Esta política de intercambio ha sido un game changer en los últimos cinco años.” Y agregó que “el rol de los denunciantes dentro de las compañías es la principal fuente de información del Departamento para iniciar investigaciones.”

Para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “el sector privado tiene que tomar medidas para frenar también la corrupción en sus filas. Algunas empresas nacionales y multinacionales han puesto en marcha iniciativas para potenciar la transparencia y la integridad empresariales. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por ejemplo, reúne a más de 2.000 empresas privadas, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad laboral y civil para defender los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y los principios contrarios a la corrupción”.

Tanto de manera independiente como a través de un trabajo articulado, los gobiernos, el sector privado y los actores de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. Como ciudadanos, podemos contribuir a erradicar este conflicto mundial negándonos a participar de cualquier actividad delictiva.

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• Para acceder a los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional desde 2016 a 2022, clic AQUI

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