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Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) compartimos con nuestras entidades asociadas el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, un informe anual que publica la organización no gubernamental Transparencia Internacional con el objetivo de exponer los niveles de corrupción en las instituciones públicas de todo el mundo, develando el accionar del crimen organizado y alertando sobre el peligro de su influencia sobre el poder político y judicial. Estas redes criminales perjudican el progreso de los países, debilitan los sistemas democráticos y retrasan todo avance alcanzado en materia de derechos humanos. 

Cada vez son más los organismos y las instituciones que abordan, a nivel global, el conflicto de la corrupción y los graves perjuicios de este fenómeno en el mundo.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define la corrupción como un fenómeno mundial que genera pobreza, obstaculiza el desarrollo y aleja las inversiones, debilitando los sistemas judiciales y políticos que deberían estar al servicio del bien público, y generando desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los funcionarios y las instituciones oficiales.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),alertaba antes de la pandemia sobre el avance dela corrupción en América Latina, señalándola como una de las principales preocupaciones de la población, tanto por su incidencia cotidiana como por sus consecuencias económicas y políticas. 

En su Reporte de Economía y Desarrollo (RED2019) el CAF revelaba que para el 51% de los latinoamericanos la corrupción es el principal problema (por encima de las condiciones económicas, el acceso a la vivienda y a servicios o la inseguridad). “Existen razones de peso que justifican esa preocupación. La corrupción disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, a la vez que limita el crecimiento económico. Pero quizás más importantes sean las consecuencias sobre las instituciones de gobierno: cuando los ciudadanos sienten que la corrupción es generalizada, se deteriora confianza en la democracia.”

En tal sentido, la entidad financiera sugería establecer una agenda anticorrupción efectiva en América Latina que contemple acciones en cuatros ámbitos:

  • Mejorar los mecanismos de regulación y control de la función pública combinando reglas ex ante que limiten las atribuciones y discrecionalidad de los funcionarios (qué decisiones pueden tomar y cómo), y controles ex post que fiscalicen esas decisiones y acciones una vez que han sido ejecutadas. 
  • Mejorar los mecanismos de entrada a la política y a cargos de funcionarios públicos, lo que implica la selección de profesionales capaces con baja tolerancia a la corrupción y ajenos a relaciones clientelares o intereses particulares para garantizar independencia en el ejercicio de los cargos y un sistema de contrapesos efectivo en el Estado. 
  • Dar participación al ciudadano para que monitoree activamente la acción de los funcionarios y promueva la rendición de cuentas. Un requisito indispensable es la hacer que la información sea accesible mediante leyes de acceso a la información y de gobierno abierto. 
  • Mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado diseñando leyes que penalicen a las personas jurídicas involucradas en el pago y ofrecimiento de sobornos, regular los conflictos de interés y actividades de lobby y, en la contratación de obra pública o iniciativas de APP, reforzar las capacidades de las entidades contratantes para evitar que contratos inadecuados se traduzcan en costosas renegociaciones en la etapa posterior a la licitación.

Días atrás, se publicó el IPC de Transparencia Internacional y el informe reveló que, por cuarto año consecutivo, las naciones que conforman las Américas tienen una puntuación media de 43 sobre 100 en el ranking. Este resultado pone en evidencia la necesidad de implementar medidas contundentes y efectivas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas del continente.

Desde el año 2016, de los 32 países que integran las Américas, 27 se han mantenido estancados en el IPC sin mostrar avances en términos de lucha contra la corrupción.

El informe revela que Chile y Costa Rica, dos países que tradicionalmente han tenido buen desempeño en el IPC dentro de América Latina, hace años no dan prioridad a la lucha contra la corrupción. “Chile se ha mantenido durante años en el mismo puesto pese al aumento del crimen organizado y a la necesidad de combatir la corrupción para reducir la inseguridad”. Por su parte, Costa Rica descendió cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando así su puntuación más baja. Sin embargo, tanto Chile como Costa Rica cuentan con instituciones democráticas sólidas y oportunidades para revertir esa tendencia, indica el informe. 

“En América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia y la inseguridad. Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía.En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas. En Honduras, Guatemala y Perú, hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos”. 

“Las redes criminales y su influencia en el poder político afectan especialmente a los grupos más marginados de la sociedad, y se manifiesta también en la destrucción de los recursos naturales. En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual, cuando funcionarios públicos les exigen actos sexuales a cambio de servicios tales como emitir pasaportes o permitir el cruce de controles fronterizos. Por otra parte, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación.”

En 2021, los países de América Latina registraron el número más alto de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia alcanzó el mayor porcentaje de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido por 42 en México y 27 en Brasil. A menudo, según el IPC 2022, los homicidios de defensores ambientales y activistas que luchan contra la corrupción quedan impunes, dada la infiltración de las redes corruptas y criminales en los gobiernos y en el sistema judicial.  

Según el IPC, en Estados Unidos hay indicios de mejoras tras varios años en que las normas democráticas y las leyes contra la corrupción estaban en riesgo. Se aprobaron iniciativas a favor de la democracia y se implementaron medidas para ampliar el acceso al voto. Esto aportó mayor transparencia al gasto electoral y amplió las opciones para los votantes. También se adoptaron medidas de rendición de cuentas significativas y adecuadas luego del ataque en enero de 2021 al Capitolio de EE.UU y se incrementaron los fondos destinados al combate de la corrupción en el extranjero y transnacional.

En el Caribe, tras aplicar medidas que fortalecieron la independencia de los órganos de justicia y supervisión, la República Dominicana ha aumentado cuatro puntos en el IPC durante los dos últimos años. 

Guyana ascendió en el IPC los últimos 12 años, pero su puntuación se ha estancado en el último periodo. “Esta nación, con abundantes recursos petroleros, debe enfocar más sus esfuerzos en construir un sistema democrático eficiente e implementar mayores niveles de transparencia y supervisión, sobre todo en torno a las industrias extractivas. La corrupción en este sector implica la pérdida de miles de millones de dólares, que podrían usarse para mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo en uno de los países con mayores niveles de pobreza del hemisferio”.

Perú, que atravesó seis cambios de gobierno en seis años, hoy tiene cinco ex presidentes investigados y sufre de altos índices de violencia. Esa inestabilidad en gran medida, es impulsada por las redes criminales que corrompen los sistemas. “Las reformas adoptadas en los últimos años, tales como la modernización del servicio público, la mejora del régimen de integridad pública y una mayor autonomía de la autoridad de transparencia, han sido postergadas o presentado resistencias. También es necesario que haya un progreso más efectivo en casos emblemáticos de corrupción, y que éstos se conduzcan respetando todas las garantías legales.”

Por tercer año consecutivo, México no ha podido mejorar su puntuación en el IPC. Tras cuatro años de gobierno del presidente López Obrador (AMLO), aún no hay condenas contra funcionarios públicos de alto rango o ejecutivos del sector privado por casos de corrupción, algunos de las cuales implican a integrantes de su red política. 

“En el Caribe, el narcotráfico ha sacado provecho de la fragilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, los altos niveles de corrupción y la ausencia de controles adecuados en las líneas costeras. Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2019, el 50% de las personas en Jamaica (44) consideran que la policía es corrupta, mientras que en Trinidad y Tobago esa proporción asciende al 61%. En Jamaica, si bien hay falta de confianza en la policía nacional, hay oportunidades de avanzar en la dirección correcta dado que el 62% de los jamaiquinos manifiesta estar dispuesto a trabajar con la policía en proyectos comunitarios.”

Panamá sigue en una posición estancada; descendió dos puntos en el Índice desde 2012 y no logra mejorar su puntuación desde 2021, debido a deficiencia para combatir la corrupción y poner fin a la impunidad, sobre todo en los casos de corrupción a gran escala. 

En el ranking, los países que obtuvieron los peores resultados son Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde las elites y el crimen organizado prácticamente han tomado el poder de las instituciones estatales. En ese escenario con altos niveles de corrupción, la violencia y la vulneración de derechos afectan profundamente a los grupos marginados e impulsan masivos movimientos migratorios a otros países de la región. “En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales.

El IPC señala los casos de Brasil y Colombia como países a observar. En los últimos cuatro años, Brasil experimentó el desmantelamiento de sus marcos legales e institucionales contra la corrupción, cuya construcción había llevado décadas. “Jair Bolsonaro, ministros de su gabinete, aliados y familiares fueron objeto de investigaciones por corrupción y su gobierno armó el mayor esquema de corrupción institucionalizada de Brasil: el presupuesto secreto. Por medio de esta estrategia, miles de millones de reales se utilizaron para favorecer a aliados políticos, con un grave impacto para las áreas de salud, educación y las políticas de infraestructura.”

En Colombia, la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022 ha generado expectativas de cambio, pero el país no ha mejorado su puntuación en el IPC 2022. Las protestas masivas que tuvieron lugar en el país entre 2019 y 2021 fueron desencadenadas por los altos niveles de corrupción y la creciente desigualdad social. “Colombia precisa más transparencia en su sistema político, un mayor control sobre los mecanismos discrecionales de contratación pública, más independencia en los órganos de control y en el sistema judicial y más protección para los denunciantes de corrupción.”

La Argentina, finalmente, obtuvo el mismo puntaje que el año anterior en el Índice de Percepción de la Corrupción, quedó en el puesto 94 con 38 puntos entre 180 países, por debajo del promedio mundial. Lo llamativo, es que aunque nuestro país subió 2 puestos en el ranking total respecto de 2021, esa aparente mejora no se debe a ningún avance en materia de políticas nacionales concretas, sino al deterioro que han sufrido otros países que integran el análisis en términos de corrupción e inestabilidad institucional.

En tal sentido, eldirector de la ONG Poder Ciudadano, Pablo Secchi, señaló que “Argentina se mantiene con un muy alto nivel de percepción de corrupción hace años y eso no va a cambiar si no se hace algo al respecto. Desde 2016, cuando se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, nuestro país no volvió a discutir en el Congreso ninguna normativa que tenga que ver con la transparencia o la lucha contra la corrupción”. “Las instituciones de control siguen algunas con poca independencia y otras con actividades muy politizadas. Si no tenés buenas leyes o no cumplís con las leyes que tenés, y las instituciones no tienen la independencia que deben tener, el país continuará con los mismos niveles de corrupción”.

Específicamente sobre el IPC, Secchi señala que “esun índice muy consultado por inversores y organismos internacionales y, lamentablemente, en el informe Argentina se sigue percibiendo como un país corrupto.” A lo que agregó que “cuando alguien tiene que invertir, decide invertir en países en los cuales las reglas son claras y este índice muestra no sólo que en Argentina la calidad institucional es mala, sino que la calidad de vida de los ciudadanos termina siendo afectada por la corrupción”.

Por su parte, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, señaló que “la corrupción hizo de nuestro mundo un lugar más peligroso. Debido a que los gobiernos fallaron en hacer progresos contra ella, alimentaron el actual aumento de la violencia y el conflicto poniendo en peligro a las personas en todos lados. La única forma de solucionar esto es que los Estados hagan el trabajo difícil, erradicando la corrupción en todos los niveles para asegurar que el gobierno trabaje para todo el pueblo y no solo para una pequeña elite”. 

En 2022, el Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA) publicaba también un Indicador de Corrupción que sintetiza, a través de un análisis factorial, información que sobre el fenómeno de la corrupción suministran el Banco Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Fundación Heritage, Freedom House y Fundación Bertelsmann

También, la corrupción genera preocupación en el ámbito empresarial y es por ello que las compañías buscan avanzar en sus protocolos internos adecuando medidas que posibiliten cumplir las leyes, políticas y reglamentos de su actividad. 

En Argentina, de acuerdo a la nota publicada en Infobae en septiembre de 2022, seis de cada 10 empresas ya han puesto en práctica medidas internas contra la corrupción. “Los programas de compliance están instalados y se van fortaleciendo: la cultura de cumplimiento de cada empresa va generando su propia dinámica y van impregnando en las personas que conforman las compañías. Por eso, la elección de la gente adecuada es la mejor decisión que se puede tomar para fortalecer la estrategia de cumplimiento.”

En la nota de Infobae el jefe de Unidad Anti-Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, David Last, hace referencia a la relación con las autoridades de América latina y del resto del mundo. “En nuestras últimas resoluciones queda clara la importancia del intercambio y la coordinación con las oficinas del extranjero. Todos los días sumamos países que quieren cooperar en materia anticorrupción. La cooperación es inspiradora y una de las principales herramientas que tenemos para combatir este tipo de delitos. Esta política de intercambio ha sido un game changer en los últimos cinco años.” Y agregó que “el rol de los denunciantes dentro de las compañías es la principal fuente de información del Departamento para iniciar investigaciones.”

Para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “el sector privado tiene que tomar medidas para frenar también la corrupción en sus filas. Algunas empresas nacionales y multinacionales han puesto en marcha iniciativas para potenciar la transparencia y la integridad empresariales. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por ejemplo, reúne a más de 2.000 empresas privadas, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad laboral y civil para defender los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y los principios contrarios a la corrupción”.

Tanto de manera independiente como a través de un trabajo articulado, los gobiernos, el sector privado y los actores de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. Como ciudadanos, podemos contribuir a erradicar este conflicto mundial negándonos a participar de cualquier actividad delictiva.

  • Para acceder al IPC 2022, clic AQUÍ
  • Para acceder a los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional desde 2016 a 2022, clic AQUI
  • Para acceder al informe de CESLA, clic AQUI

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) compartimos el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que analiza el mercado laboral a nivel global, considerando el impacto negativo de la pandemia COVID-19, las crisis económicas y los distintos conflictos geopolíticos de los últimos años, como factores que agudizan los índices de pobreza y restringen la recuperación productiva sostenida.

Según surge del informe, si bien el mercado del trabajo se recuperó progresivamente una vez superado el período más complejo de la pandemia, actualmente la situación laboral es alarmante. Para afrontar este escenario, se requieren urgentes medidas orientadas a proteger a trabajadores y empresas para asegurarles un futuro previsible y más equitativo.

Datos relevantes del informe de la OIT sobre el empleo en Latinoamérica

  • el empleo en Latinoamérica crecerá solo 0,9 % en 2023 (2,9 millones de puestos de trabajo nuevos) y 1,4 % en 2024 (4,6 millones). Tras un crecimiento regional del empleo del 6,4 % en 2021 y del 4,9 % en 2022, sobrevendrá una fuerte desaceleración y se calcula una estabilización de la cifra de desempleados actual en Latinoamérica (22 millones) tanto para este año como para el próximo.
  • La tasa de desempleo en los países latinoamericanos se mantendrá igualmente estable en el 7 % estos dos años, por debajo incluso del porcentaje anterior a la pandemia (8 % en 2019), y después de que en 2020, el año en el que la crisis sanitaria impactó más en el empleo, se elevara al 10,2 %.
  • Se pasaría de 315 millones de personas empleadas en 2022 (58 % de la población activa) a 317,9 millones en 2023 y 322,5 millones en 2024, con tasas aún muy desiguales según el género. 
  • A causa de la inflación, como los precios aumentan más rápido que los ingresos nominales del trabajo, más personas podrían verse precipitadas hacia la pobreza en Latinoamérica. Esta tendencia se suma a las bajas importantes de ingresos constatados durante la crisis del COVID-19.
  • En América Latina hay unos 57,1 millones de personas que, o bien están en desempleo, o quieren trabajar pero no pueden (16,3 % de la población activa). 
  • La tasa de informalidad, uno de los grandes problemas estructurales del empleo en Latinoamérica, se sitúa en el 53,7 %, habiendo aumentado a consecuencia de la pandemia.

Cifras del INDEC en Argentina

A nivel nacional, recordamos que en diciembre de 2022 el INDEC publicó los principales indicadores del mercado de trabajo que reflejan las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación en la Argentina, a partir de datos obtenidos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Según el INDEC, el tercer trimestre de 2022 la tasa de actividad alcanzó el 47,6%, la tasa de empleo se ubicó en 44,2% y la tasa de desocupación se ubicó en 7,1%. Dentro de la población activa (47,6%), al observar las poblaciones específicas, dentro del universo de 14 años y más, desagregada por sexo, la TA para los varones fue de 70,3%, mientras que para las mujeres se ubicó en 51,1%. 

Para leer el informe completo, ingresar aquí.

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) informamos que ayer, 31 de enero, el INDEC anunció las cifras provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022: según el organismo, hay en la Argentina 46.044.703 personas. Se trata de un resultado temporal que surge del cuestionario digital que debió completar la población, juntamente con el barrido territorial tradicional que se realizó con cuestionarios en papel.  

Según informaron desde el organismo, la cifra representa el 98,6% de cobertura del total país, superior a los parámetros internacionales. 

De esta forma, en comparación con los resultados del Censo 2010, surge una tasa de crecimiento interanual vegetativa de 1,10152% acumulativa. 

Otras variaciones 

El resultado provisional fue inferior en 190.641 personas a las que había proyectado el INDEC para cada año desde 2011 en función de los datos del Censo de 2010, fenómeno que indica que en la última década volvió a disminuir la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Las provincias con mayor población son las que registraron más aumento. Ese movimiento, sin embargo, no fue homogéneo, y surgieron bajas entre lo estimado y los datos informados ayer: Buenos Aires 306.690; Chaco 84.773; Santa Cruz 50.554; Chubut 36.210; Santa Fe 33.477; Tucumán 30.932; La Rioja 19.120; Salta 18.706; Mendoza 15.528; Formosa 8.665; Misiones 7.516; y Río Negro 4.320 personas. 

Las provincias que registran más habitantes que los estimados son: Córdoba, 143.246; Corrientes, 57.949; Santiago del Estero, 55.935; Neuquén, 45.864; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 39.062; San Juan, 20.537; San Luis, 20.060; Entre Ríos, 15.518; Jujuy, 10.519; Tierra del Fuego, 8.658; Catamarca, 7.082 y La Pampa, 1.700 personas. 

Baja el empleo y desempleo y sube el PBI por habitante 

Otra derivación de las modificaciones de las estimaciones de la población son los cambios de todas las variables socioeconómicas relacionadas, entre las que se destacan el PBI; empleo y desempleo; y pobreza e indigencia en cantidad de personas, aunque no afectará las tasas relativas que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares en 31 aglomerados urbanos de todo el país con carácter trimestral. En el primer caso, el INDEC actualizó la serie de PBI por habitante correspondiente al tercer trimestre de 2022, y se elevó de USD 13.825 a USD 14.279, equivalente al promedio del año. 

Por el contrario, la proyección al total país de la EPH sobre el mercado laboral arroja ahora un total de 21,54 millones de trabajadores, unos 600 mil menos; y la consecuente reducción del nivel de empleo agregado de 20,63 millones a 20,07 millones de personas; en tanto el número de desocupados se estima ahora en 1,47 millones de personas, 41 menos que arrojaban los datos previos del total de habitantes. 

Para acceder al informe con los resultados provisionales del Censo 2022, clic AQUI  

Desde la Federacion de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) compartimos un informe, basado en fuentes de información oficial, sobre la situación de las industrias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Es de público conocimiento que CABA es un distrito que NO tiene industrias manufactureras, ya que, por diferentes motivos políticos y económicos durante la década del `70, las industrias «pesadas» se alojaron en otros lugares de nuestro país, como ser la provincia de Buenos Aires, en especial el primer cordón del conurbano bonaerense. Parte de la historia de cómo se desarrollaron las industrias en nuestro distrito y en especial, lo ocurrido en esta época, se puede leer en una publicación del INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, en su número 218 de febrero de 2006, donde podemos leer un documento redactado por el (entonces) economista Matias Kulfas sobre la DESINDUSTRALIZACIÓN de CABA: La ciudad de Buenos Aires posee una rica historia de desarrollo industrial. Los barrios del sur fueron el escenario de la aparición de los primeros talleres manufactureros del país a comienzos del siglo XX y de una intensa actividad industrial durante la fase de industrialización sustitutiva de importaciones que tuvo lugar a partir de los años ’30. La fuerte incidencia de los servicios, en particular los financieros, ha tendido a oscurecer esta historia industrial que atraviesa buena parte del tejido urbano de la ciudad. Cabe en ese sentido señalar que, a pesar del fuerte retroceso del sector manufacturero que ha tenido lugar desde mediados de los años ’70, la ciudad de Buenos Aires continúa siendo el segundo distrito industrial del país en cuanto a generación de valor agregado y puestos de trabajo y conserva aún una base manufacturera de relevancia. La historia del retroceso del sector industrial porteño tiene su origen, al igual que en el ámbito nacional, en las políticas implementadas por la última dictadura militar a partir de 1976. Sin embargo, como se verá en el presente trabajo, en la ciudad han operado factores específicos que hicieron que el proceso de desindustrialización porteño fuera más intenso y de consecuencias más duraderas que en otras regiones del país…”

Nuestra Ciudad, ademas de las industrias que actualmente posee, tiene la mirada puesta en lo que son las Industrias Estratégicas a veces representada por los Distritos Económicos (https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/subsecretaria-desarrollo-economico/distritos-economicos) creados a tal efecto y dentro de las cuales, hoy se destacan: 

  • Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
  • Audiovisual
  • Artes
  • Diseño
  • Desarrollos Inmobiliarios
  • Turismo 

Para acceder al informe completo, ingresar a este enlace.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2023.

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), en función de una serie de notas que fueron publicadas durante las últimas semanas en medios de prensa, relevamientos divulgados por diferentes consultoras e informes oficiales difundidos desde diversas instituciones, analizamos el escenario actual respecto de los medios de financiación para el consumo y observamos las variaciones que se presentan en cuanto al uso de las tarjetas de crédito como medio de pago habitual. 

Desde FECOBA invitamos a nuestros asociados a analizar la información suministrada en el informe de manera consultiva, teniendo en cuenta que la diversidad de fuentes de referencia obtenidas a tal efecto, también conllevan el sesgo propio de las mismas.

FECOBA siempre busca proveer de informacion fidedigna, relevante y certera a sus asociados, para que puedan utilizarla para la toma de decisión diaria. Este informe, plasma una realidad manifiesta sobre la dificultad del financiamiento para el consumo, lo cual afecta la cadena tanto de comercialización como de producción. Esperamos que las autoridades puedan tomar debida cuenta de esta problemática y ofrecer respuestas que ayuden al entramado productivo y comercial Pyme.

Para acceder al informe, puede ingresar aquí.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2023. 

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), compartimos con nuestras entidades asociadas el informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre los niveles de presión tributaria, entendida como la recaudación nacional en términos del PIB.

Según surge del informe, la presión tributaria efectiva nacional cerró el año 2022 en un orden del 23,8% del PIB, es decir en niveles similares a los de 2019, lo que implica un aumento de 0,12 puntos porcentuales respecto a los niveles de 2021.

Sin embargo, en esta recaudación anual hubo 3 anticipos extra de ganancias recibidos en el último trimestre del año que totalizaron $220.050 millones de pesos, es decir, un 0,26% del producto interno bruto. Sin estos anticipos, la presión tributaria efectiva habría sido 0,14 puntos porcentuales por debajo del año anterior.

A lo largo de los últimos 4 años la presión tributaria nacional se ha mantenido estable, en torno al 23,7% del producto bruto interno. Así, descontando los anticipos extra de ganancias percibidos en el último trimestre de 2022, el último año presentó una menor presión tributaria que el 2021, con un descenso de 0,14 puntos porcentuales del PIB.

Para acceder al informe completo, clic AQUÍ

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) informa que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció, a través de la Resolución General N° 5319/2023 (B.O. 23/01/23), que las transacciones realizadas a través de plataformas digitales que perciban comisión por las operaciones de venta de mercadería nueva o usada, y a las locaciones y prestaciones de obras y servicios que se efectúen a través suyo, quedarán alcanzadas por un régimen especial de percepción del Impuesto al valor agregado (IVA).

Según informaron las autoridades del organismo, la medida surge tras haber detectado nuevas modalidades de evasión, por lo que fue necesario intensificar los controles, adecuar las alícuotas, ampliar las operaciones alcanzadas e incorporar nuevos agentes de percepción.

Así, a partir de la nueva normativa, las administradoras de las plataformas deberán percibir el IVA que corresponda a las transacciones realizadas por los usuarios, ya sea que estos últimos sean responsables inscriptos en IVA, monotributistas o sujetos no categorizados, es decir, que realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada, pero no sean responsables inscriptos, exentos o no alcanzados en IVA ni tampoco sean monotributistas.

Alícuotas: las alícuotas a aplicar para el cálculo de la percepción serán de entre el 1 y el 8 por ciento, según la condición fiscal ante el IVA del sujeto y el resultado del control sistémico aplicado (que detecta si cumple o no con las formalidades requeridas). La determinación de las alícuotas puede verse en el Anexo IV de la RG 5319. El importe a percibir se determinará aplicando sobre el precio total de la operación alcanzada la alícuota correspondiente.

Plataformas comprendidas: la medida alcanza a las plataformas digitales que perciban una comisión, retribución u honorario por la intermediación en las operaciones comprendidas. El listado completo puede verse en el Anexo II de la RG 5319 y las más destacadas son:

  • Agrofy
  • Avantrip
  • Almundo
  • Bfoot
  • Cabify y Cabify Mendoza
  • Correo Oficial
  • Frávega
  • Mercado Libre
  • Mis Pichos
  • Nación Servicios
  • Pedidos Ya
  • Rappi
  • Renova tu vestidor
  • YPF

Usuarios alcanzados: residentes en el país que utilicen plataformas digitales para vender cosas muebles no registrables -sean nuevas o usadas-, y/o para arrendar o prestar obras y servicios, y que sean responsables inscriptos en IVA, monotributistas, o “sujetos no categorizados”, es decir, que realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada pero no sean responsables en IVA ni monotributistas.

Operaciones frecuentes: se considerará que un usuario realiza operaciones en forma habitual, frecuente cuando, en el transcurso de un mes calendario, efectúe operaciones de forma habitual, frecuente o reiterada; lo que equivale a 10 o más transacciones, por un monto total igual o superior a $ 200.000. También, cuando se verifique en el término de 4 meses calendarios consecutivos la realización de 4 o más operaciones por cada período mensual y el monto total acumulado de las mismas -consideradas en conjunto en el período de 4 meses consecutivos- iguale o supere los $ 200.000.

Venta de objetos personales usados: en el caso de venta de cosas muebles no registrables usadas que hayan tenido para el sujeto vendedor una afectación para uso o consumo personal, no se considerarán realizadas en forma habitual, frecuente o reiterada cuando el monto de las operaciones acumuladas sea menor a $ 400.000. A tal fin, los vendedores deberán manifestar esta circunstancia ante el agente de percepción, con carácter de declaración jurada. Deberán mediar 2 años hasta que pueda volver a aducirse la misma situación.

Para mayor información, clic AQUÍ

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) compartimos el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que analiza la proliferación de los planes asistenciales en la Argentina durante el período 2002 – 2022, situación que afecta el empleo formal y la generación de trabajo de mayor calidad. 

Según surge de la investigación, en el año 2002 eran 2,9 millones los beneficios no contributivos distribuidos, concentrados en el Plan Alimentario y el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Posteriormente, en el año 2012, los beneficios no contributivos se incrementaron a 9,4 millones, debido a que se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y las pensiones no contributivas por invalidez a los planes ya existentes. Finalmente, en el año 2022, se registraron 14,1 millones de beneficios no contributivos, impulsados por los programas Progresar y Potenciar Trabajo.

El informe de IDESA refleja un notable incremento de los beneficios no contributivos otorgados en nuestro país durante los últimos 20 años y resalta que el aumento de planes se dio no solo ante los escenarios de estancamiento económico (entre 2012 y 2022, cuando el PBI per cápita se contrajo un -5%) sino también en contextos de crecimiento (entre 2002 y 2012, cuando el PBI per cápita aumentó un 58%). Además, hace hincapié en que la distribución de los beneficios fue implementada por las diferentes gestiones que gobernaron los últimos 20 años, trascendiendo las banderas partidarias y los diferentes ciclos económicos. 

Así, se advierte que, desde la crisis de 2002, prácticamente se quintuplicaron los beneficios no contributivos en la Argentina. 

Es importante comprender que el concepto “planes” incluye dos tipos de beneficios no contributivos (con beneficios no contributivos nos referimos a los beneficios que reciben aquellas personas que no realizan aportes debido a que no tienen un empleo formal): 

  1. Beneficios que tienen condiciones de elegibilidad reguladas objetivamente y son administrados por la ANSES (AUH, moratorias previsionales y Progresar). 

  1.  Beneficios que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social bajo reglas subjetivas, como respuesta a las situaciones que reflejan problemas de índole social y económica (Planes alimentarios y Plan Potenciar Trabajo).  

Las pensiones no contributivas por invalidez son un caso especial, ya que proliferaron discrecionalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social pero luego fueron traspasadas a la ANSES.  

A partir de los datos revelados, IDESA sugiere establecer un plazo en cuanto a la vigencia de los planes o bien transformar los mismos en empleos de calidad. La salida requeriría, entonces, de un ordenamiento de la economía que impulse un masivo proceso de inversión productiva. Además, sería necesario actualizar la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos y, probablemente el mayor desafío, recuperar la calidad educativa en las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada. No se trata de reformular el asistencialismo, sino de ordenar al Estado para dar paso a una sostenida y masiva generación de empleos de calidad.  

*IDESA es un centro de estudios independiente y sin fines de lucro especializado en la temática del mercado laboral, el sistema educativo y de capacitación laboral, la seguridad social, el sistema de salud y la asistencia social. Sus investigaciones se enfocan en las políticas públicas vinculadas al desarrollo social de la República Argentina y al resto de los países de Latinoamérica.  

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La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) comparte con sus entidades asociadas el reporte que ha elaborado a partir de la publicación, el pasado 10 de enero, del informe mensual del Ministerio de Trabajo de la Nación sobre el panorama del empleo registrado en nuestro país.

A lo largo del último año, el empleo registrado aumentó en Argentina un 5%, y acumula 6,8% desde el inicio de la actual gestión de gobierno. Sin embargo, es importante observar cómo se configura la composición del empleo en nuestro territorio y detenernos, muy especialmente, en las cifras del segmento “Monotributistas – Monotributistas sociales”.

A la fecha y durante los últimos 25 años, el límite para permanecer en el Monotributo, ajustado por inflación, cayó entre 60% y 70%. Así, el nivel de ingreso en términos reales a partir del cual se pagan impuestos bajo el régimen general es cada vez más bajo.

A partir de los datos publicados, está claro que la economía nacional, a lo largo de los últimos 10 años, generó mayormente Monotributistas Sociales.

A su vez, en los últimos 5 años, se registró una caída sostenida del empleo privado, que en 2015 era del 52% y hoy es del 48,3%.

Según el análisis de las cifras del SIPA,que releva datos sobre la Situación y Evolución del Trabajo Registrado y del último informe titulado Panorama mensual del Trabajo Registrado,Principio del formulario entre octubre de 2012 y octubre de 2022, la cantidad de empleados estatales creció casi un 28%, mientras que los puestos privados avanzaron menos del 3%.

Así, advertimos cómo el mapa del empleo en la Argentina se reconfiguró durante la última década a raíz del crecimiento del trabajo público y, especialmente, del incremento de los ciudadanos que se encuentran dentro del régimen del monotributo.

Entre octubre de 2012 y 2022, la cantidad de empleados públicos pasó de 2,65 millones de personas a 3,38 millones de personas, es decir, un 27,7% más, mientras que el empleo privado creció en un 2,8%, lo que representa unas 168.000 personas.

A su vez, la cantidad de monotributistas creció un 40% en ese período, lo cual se traduce en 544.000 personas que trabajan bajo esa condición.

Respecto de los sectores que más crecieron, el documento identifica cinco actividades que alcanzan el nivel más elevado de empleo asalariado formal privado desde enero de 2009: informática, alimentación, educación, servicios sociales y seguridad y limpieza.

El sector comercial, por su parte, superó el nivel de empleo que tenía a inicios de la pandemia y el empleo en casas particulares cayó un 6% en ese mismo período.

A su vez, el informe señala que la industria acumula 29 meses de crecimiento mensual del empleo asalariado registrado desde junio de 2020 y que, a lo largo de esta fase, se incorporaron 93.000 trabajadoras y trabajadores al empleo formal industrial.

Dólar Tech y el foco de AFIP en la Economía del Conocimiento

En este contexto, uno de los sectores en los que se enfoca actualmente el gobierno para poder captar dólares es el de la Economía del Conocimiento.  La cartera estatal vinculada a la actividad trabaja junto a la AFIP en una nueva categoría denominada “Monotributo Tech” que encuadrará la actividad de aquellos trabajadores independientes que facturan al exterior, considerando que el sector refleja un alto crecimiento ligado al ritmo de la reinvención profesional que permite la tecnología.

Las actividades vinculadas a la Economía del Conocimiento reflejan una facturación de alrededor de USD 7.000 millones por año dada la amplia variedad de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC). Así, el sector se convirtió en uno de los principales pilares exportadores del país, detrás del agro y la industria automotriz.

El dólar tecno otorgaría beneficios a las compañías nacionales que ofrecen servicios a otros países y liberaría un cupo de hasta USD12.000 mensuales para los trabajadores independientes y para sumar divisas.

Concretamente, AFIP elaborará un nuevo esquema tributario para esta nueva categoría que incluye a profesionales que facturan al exterior sus servicios basados en el conocimiento (SBC) y a personas que participen en competencias de e-sports (nivel profesional) para que puedan cobrar en esa moneda y para aumentar, asimismo, la recaudación por servicios de exportación no registrados.

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires  (FECOBA) comparte con sus entidades asociadas el último Reporte de Transparencia publicado por la empresa Mercado Libre, que da cuenta del progreso de la plataforma en términos de protección de derechos de propiedad intelectual, moderación de contenidos de transparencia y protección para los usuarios.

Para elaborar este informe se utilizaron datos del primer semestre del año 2022, y se consideraron más de 5.000 variables con el objetivo de detectar, pausar o eliminar en tiempo real, publicaciones que violen cualquiera de los términos y condiciones de la firma, utilizando la tecnología como herramienta principal para la construcción de una experiencia más segura y confiable en materia de comercio electrónico y servicios financieros.

Este Reporte de Transparencia da cuenta de los resultados a partir de cuatro ejes de acción: pedidos de información por parte de las autoridades competentes de los diferentes países en los que opera; el índice de respuesta ante publicaciones en infracción a sus Términos y Condiciones; la protección de datos personales y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Principales datos de enero a junio de 2022:

  • Mercado Libre recibió más de 19.000 pedidos de información de usuarios o transacciones por parte de autoridades, de los cuales más del 95% fueron respondidos con la información solicitada y el 5% restante fueron solicitudes sobre información que Mercado Libre no posee, según declara la empresa.
  • Sobre más de 508 millones de publicaciones activas durante el semestre, sólo el 0,46% de ellas fueron removidas por violación a los Términos y Condiciones. En comparación con el Reporte de Transparencia anterior, disminuyó en un 63% la cantidad de publicaciones removidas por infracción y casi el 99% de los contenidos eliminados fueron detectados por los propios equipos y sistemas de Mercado Libre.
  • El Brand Protection Program (BPP) es un canal exclusivo para denunciar infracciones de propiedad intelectual y cuenta con herramientas automatizadas basadas en inteligencia artificial y machine learning. Durante el período reportado, se recibieron 473.379 denuncias por infracción a Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), que afectó al 0,09% de las publicaciones. La combinación de recursos de la plataforma ayudó a reducir un 16,87% las denuncias que se recibieron en comparación con el período anterior reportado.
  • En este período se recibieron 108.041 ejercicios de derechos ARCO, del cual el 86% de ellos fueron procesados de forma automatizada, gracias al Hub de Privacidad que le facilita a los usuarios este ejercicio y les brinda una respuesta más veloz. Los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) garantizan a las personas el control sobre sus datos personales.

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